Bufete Umanzor y Asociados

Mejores bufetes de abogados en Honduras: Umanzor Abogados para empresas

Mon, 10 Nov 2025 17:29:22 GMT

Mejores bufetes de abogados

Cuando la alta dirección evalúa opciones legales, busca criterio y resultados pertinentes y oportunos. En Umanzor Abogados trabajamos con grupos corporativos nacionales e internacionales para resolver asuntos complejos, inspirados en nuestros valores de responsabilidad, ética y profesionalismo , siempre alineados a la continuidad operativa y los KPIs del negocio. Por eso, cuando ejecutivos y asesores legales internos analizan a los mejores bufetes de abogados en Honduras , suelen priorizar firmas con trayectoria, casos de éxito verificables y alcance regional sin perder el dominio local.

Valor que percibe la gerencia: estrategia legal con ejecución impecable

Diseñamos una hoja de ruta clara desde el día uno: diagnóstico ejecutivo, matriz de riesgos, hitos con fechas objetivo y reportes para comités. Nuestro enfoque elimina fricción entre las áreas de Operaciones, Finanzas, RR. HH. y Cumplimiento, y traduce los criterios jurídicos a decisiones accionables. Esta metodología ha convertido a Umanzor Abogados en un aliado confiable para compañías que exigen estándares propios de los mejores bufetes de abogados en Honduras sin sacrificar cercanía y accountability.

Respaldo regional con enfoque local

Pertenecemos a la red internacional GLC Legal (sede en Costa Rica), lo que nos permite coordinar proyectos multi-jurisdiccionales con un solo punto de contacto y estándares homogéneos en Centroamérica. Esta combinación de alcance regional + ejecución local es determinante cuando se requieren calendarios estrictos, cumplimiento transversal y sensibilidad regulatoria.

Sectores atendidos y comprensión del negocio

Asesoramos a industrias intensivas en regulación y operación, entre ellas maquilas, azucareras, camaroneras, fabricación y distribución de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y construcción . Conocemos los picos estacionales, los cuellos de botella logísticos y las exigencias de cadena de suministro. En contextos así, elegir a los mejores bufetes de abogados en Honduras significa contar con un equipo que anticipa trámites, mitiga contingencias y preserva márgenes.

Experiencia regulatoria y litigación estratégica

Gestionamos más de 1000 casos administrativos por año ante instituciones hondureñas, incluyendo:

Regulación Sanitaria: Registros y Licencias Sanitarias.

Regulación Ambiental: Licencia Ambiental, contratas de agua, control y seguimiento de medidas ambientales.

Régimen laboral: asuntos en la Inspección de Trabajo, Conciliaciones y elaboración e inscripción de Reglamento Interno de Trabajo.

Regímenes de incentivos y exoneraciones a las exportaciones.

Contratos de representación y distribución (registro e implementación).
Certificados y licencias de transporte terrestre.

Migración para la movilidad de personal clave.

Propiedad industrial: registro de marcas.

Licencias de transporte terrestre

Tributario y aduanero: impugnaciones de ajustes, registro como auxiliar de la función pública aduanera, devoluciones, autorizaciones en regímenes especiales y solicitudes de franquicias aduaneras.

En litigio conducimos procesos civiles , contencioso-administrativos , constitucionales y más de 200 procesos laborales , contencioso-administrativos y civiles, combinando defensa técnica con soluciones preventivas para disminuir la probabilidad e impacto de disputas futuras.

Casos de éxito (resumen anonimizados)

Contencioso Administrativo – Tasas municipales: hemos obtenido precedentes que declaran nulas “tasas” que operaban como impuestos encubiertos, reduciendo cargas indebidas y generando certidumbre fiscal.

Transporte de carga – Libertades económicas: alcanzamos la nulidad de una tarifa de transporte público de carga por violación a libertades económicas, con impacto directo en costos logísticos.

Laboral – Prescripción y fuerza mayor: establecimos el criterio de que la fuerza mayor como causa de interrupción de la prescripción solo aplica al trabajador, dando previsibilidad en la gestión de contingencias.

Conciliación administrativa de alto valor : concretamos un acuerdo significativo entre una Corporación Municipal y una empresa transnacional, privilegiando continuidad operativa y eficiencia financiera.

Esta tendencia de resultados ha fortalecido nuestra reputación como uno de los mejores bufetes de abogados en Honduras para defender libertades económicas, optimizar estructuras de costos y cerrar disputas complejas sin distraer al negocio de su crecimiento.

Formación, docencia y presencia gremial

Nuestro equipo participa como ponente en universidades nacionales, Cámara de Comercio, Colegio de Abogados de Honduras y el COLPROSUMAH . Esta presencia impulsa un ecosistema empresarial más competitivo y mantiene a nuestros abogados en actualización permanente. Dichas credenciales académicas y gremiales son consistentes con lo que el mercado espera de los mejores bufetes de abogados en Honduras.

Acompañamiento a inversores extranjeros

Atendemos a clientes extranjeros que invierten en Honduras y requieren una ruta de entrada segura: constitución y gobierno corporativo, contratación, permisos, compliance, fiscalidad e integración con cadenas regionales. La articulación con GLC Legal asegura que la estrategia se implemente de forma coherente en múltiples jurisdicciones sin perder tiempos ni control.

Cómo trabajamos

Diagnóstico ejecutivo: evaluación de riesgos regulatorios, laborales, contractuales y fiscales; priorización de quick wins y medidas estructurales.
Gestión integral de expedientes: auditoría documental, tramitología y defensa administrativa/judicial.
Reportes para management : indicadores de avance, hitos, costos y escenarios; cero sorpresas.
Prevención y capacitación: talleres in-house para RR. HH., Compliance y Operaciones con protocolos accionables y matrices de riesgo.

Servicios para empresas (selección)

Corporativo & Comercial: constitución, reformas, gobierno corporativo, contratos de distribución y representación.

Regulatorio & Permisos: sanitario, ambiental, transporte, migración, incentivos y exoneraciones.

Laboral & Seguridad Social: reglamentos internos, auditorías, negociación y litigios estratégicos.

Tributario & Aduanas: planeación, impugnación de ajustes, devoluciones, regímenes especiales y auxiliares de la función pública aduanera.

Litigios complejos: laboral, civil, contencioso-administrativo y constitucional.

Propiedad Intelectual: registro y protección de marcas.

¿Por qué las empresas nos eligen?

Resultados con impacto operativo: precedentes, nulidades y conciliaciones que protegen caja, continuidad y reputación

Cobertura integral: desde permisos y fiscalidad hasta litigio y conciliación.

Estándares regionales: coordinación multi-país a través de GLC Legal.
Comunicación ejecutiva: entregables para gerencia y directorio; foco en KPIs.

Ética y profesionalismo como política, no eslogan.

Preguntas frecuentes

Apuntes para acercarse a la obra de Luigi Ferrajoli

Tue, 05 Oct 2021 20:30:00 GMT

En esta oportunidad, vamos a brindar unos breves apuntes relativos a la obra de Luigi Ferrajoli. Recientemente se ha publicado la primera obra de Ferrajoli, traducida y editada en Centroamérica, la cual se intitula “Teoría y metateoría del derecho y la democracia” . La traducción de la obra corrió a cargo del Prof. Walter Antillón. El 27 de septiembre de este año 2021 se realizó la presentación del libro, la cual pueden seguir en la página de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica:

Así que, aprovechando la ocasión, vamos a dar algunas luces para sacar más provecho a su obra; sobre todo para todos aquellos/as que no están muy familiarizados con las discusiones de la contemporánea teoría del derecho.

¿Quién es Luigi Ferrajoli? Bien podemos decir, sin equivocarnos, que Luigi Ferrajoli es en este momento una de las voces más autorizadas de la Filosofía del Derecho. Es oriundo de Florencia, Italia. Discípulo de Norberto Bobbio. Un teórico que verdaderamente se ha preocupado por generar una teoría del derecho que sirva para la defensa de la dignidad humana; esto ha venido en derivar en su teoría del garantismo jurídico.

Creemos que para entender bien el alcance del garantismo jurídico será pertinente decir algo sobre la filosofía del derecho en general. Esto nos permitirá mostrar en qué contexto se ubica la obra Ferrajoli y ponderar su alcance. La pregunta con la que comienza el discurso iusfilosófico es la relativa a ¿qué es el derecho? A esta podemos responder de dos maneras: el derecho es norma o realidad. Cuando decimos que el fenómeno jurídico es norma, nos cuestionamos si acaso reconocemos que las normas jurídicas simplemente lo son por ser impuestas por autoridad; o, si, por el contrario, decimos que es jurídica, no porque la autoridad las ordena sino por su valor: es decir, por tener una justificación moral; o, mejor dicho, por ser conformes a un estándar de justicia. En el primer caso, estaríamos ante la respuesta del positivismo jurídico; y, la segunda, es lo que se denomina teorías fundadas en la justicia, dentro de las cuales se ubican el tradicional iusnaturalismo y los actuales no-positivismos y neoconstitucionalismos. De forma tal que todos los juristas, y en particular los iusfilósofos, pueden subsumir sus creencias en torno al objeto jurídico en alguna de estas teorías. Si esto es así, ¿en cuál podríamos ubicar a Ferrajoli?

La exégesis de la obra de Ferrajoli es diversa y no es unánime en cuanto a considerar si su posición debe ser ubicada dentro del positivismo jurídico o dentro de las actuales formas de teorías fundadas en la justicia. Esto se debe a la originalidad del propio Ferrajoli: el garantismo parece no encajable en ninguna de las etiquetas tradicionales. Así que lo mejor será apartarnos un poco de estas posiciones y tratar de describir su teoría en sus propios términos. En ese sentido, el garantismo vendría a ser la compresión actualizada del positivismo en el paradigma del Estado Constitucional del Derecho. No subsume en lo que él denomina el “paleopositivismo” (es decir, el positivismo de vieja usanza, dentro de los que se encontrarían el formalismo jurídico o el normativismo de Kelsen y Hart); aunque de este paradigma rescata un elemento esencial: la sujeción de las autoridades al derecho como un método eficaz para controlar el poder. Pero este paradigma, a consideración de Ferrajoli, no es suficiente: hay que establecer de manera precisa y explícita unas garantías para todos los seres humanos a efecto de que lo ordenado en las constituciones no sean meros programas futuros sin ningún fundamento. He ahí el elemento constitucionalista, a la vez que trata de apartarse de las posiciones no-positivistas y iusnaturalistas.

Ahora bien, ¿qué leer de Ferrajoli? Pues, aprovechando que ya hemos comentado que recientemente se ha publicado su “Teoría y metateoría del derecho y de la democracia” en suelo centroamericano, por lo tanto, sería muy pertinente invitarles a hacer esa lectura. Nos comprometemos en este blog, en su momento, a escribir una breve reseña de esta. Pero también sería justo que, siendo este post una invitación a la obra general de Ferrajoli, mencionar algunas de las más insignes: “Derecho y razón”, “Derechos y garantías: la ley del más débil”; y su magna “Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia”.

Sin duda que esta es una descripción muy resumida de la posición de Ferrajoli y de su obra. Pero nos sirve para mostrar que no es posible entender los avances y las novedades de la actual Filosofía y Teoría del Derecho sin informarse de las propuestas de Luigi Ferrajoli. Por eso hemos considerado necesario extender la invitación a su lectura.

Sebastián Chavarría

Breve comentario a

Tue, 21 Sep 2021 06:00:00 GMT

“Tensión entre la jurisdicción constitucional y el poder legislativo, politización de la justicia y lawfare”.

Recientemente, el ilustre abogado constitucionalista Dennis Hércules - quien es, además, un admirable amigo- escribió un muy interesante texto intitulado Tensión entre la jurisdicción constitucional y el poder legislativo, politización de la justicia y lawfare. Aplaudimos que se haya efectuado dicha publicación, pues nos da la oportunidad de discutir temas que no logran abordarse fuera de las aulas de clase. Lo cual, consideramos es una injusticia, toda vez que parte de construir la República pasa porque nosotros, como ciudadanos, discutamos sobre estas cuestiones. Pienso que esta aclaración no es trivial, pues, a veces se cree que por ser juristas tendríamos un lugar privilegiado en la discusión. Me permito discrepar de ello. Nuestros argumentos son predominantemente jurídicos porque lo es nuestra formación. Pero al momento de discutir sobre cuál debería ser el telos de nuestra República, lo hacemos desde nuestro lugar como ciudadanos. Así que, que sirva este artículo como una muestra de nuestro agradecimiento por haber puesto en circulación ideas dignas de debate. Habiendo hecho este introito , procedemos.

Nos dice el Dr. Hércules que su artículo tiene como base una de sus intervenciones en el conversatorio “Ruido en torno al derecho y a la política” , el cual fue eficaz y solventemente dirigido por nuestro amigo en común el eminente Abg. Carlos Josué Padilla Eveline, ilustre constitucionalista hondureño contemporáneo. Dicho encuentro se realizó en el Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Cabe mencionar que yo también participé en aquella ocasión, por lo que me veo familiarizado con el tono y las líneas de argumentación que el Dr. Hércules ha delineado en su texto.

Lo que me interesa es discutir su tesis central, que, nosotros proponemos podría resumirse en lo siguiente: los tribunales constitucionales deben existir y su existencia está justificada; pues, el órgano político debe ser controlado . Ahora bien, cabría preguntarse ¿En qué sentido están justificadas? No encontramos una explicitación sobre el particular, pero podemos asumir que lo dice en un sentido político – moral; y por ello, podrían estar justificadas racionalmente. Asimismo, para ello, se basa -entre otras- en tesis kelsenianas de la teoría de la constitución. Habiendo resumido su posición, lo que queda nada más es ver hasta donde podemos llegar con esta tesis. Y sobre eso vamos a discurrir.

Es de nuestra consideración que la posición del Dr. Hércules respecto de la jurisdicción constitucional puede entenderse en dos sentidos muy distintos. Primero, podríamos pensar que hay que entender los alcances de esa jurisdicción a la manera kelseniana. O, segundo, en un sentido neoconstitucionalista. Veamos cuáles son las consecuencias de cada caso.

Si adoptamos la primera interpretación de la tesis del Dr. Hércules, tendríamos que afirmar lo siguiente: los tribunales constitucionales deben existir y su existencia está justificada en cuanto que sirvan para controlar al órgano político. Ahora bien, ¿hasta dónde pueden llegar estos tribunales? Es decir, ¿toda la constitución es susceptible de ser interpretada por ellos para controlar a los órganos políticos? Pues bien, esta primera interpretación nos llevaría a pensar que solo algunos segmentos de la constitución pueden ser interpretados y aplicados. ¿Cuáles segmentos? Aquellos que sean interpretables como reglas. Por lo tanto, no toda la constitución sería susceptible de interpretación y aplicación, toda vez que habría temas que, por la naturaleza misma de sus formulaciones, tendría que quedar para la deliberación entre iguales, es decir, entre ciudadano miembros de una República.

Lo recién enunciado puede parecer un poco escandaloso porque consideran que hay temas que están en la esfera de la indecidible, por parafrasear a Ferrajoli. Pero, propongo que veamos esta cuestión desde el punto de vista de nuestra realidad nacional: si asumimos esta posición, temas como la reelección, la estructuración política de la República, tienen que pasar por el tamiz de la voluntad soberana y por lo tanto no procede que la jurisdicción constitucional se pronuncie. Ergo, no toda la constitución es susceptible de control por vía jurisdiccional.

La segunda interpretación de la tesis del Dr. Hércules podría expresarse así: los tribunales constitucionales deben existir y su existencia está justificada para controlar al órgano político. En este sentido, toda la constitución es susceptible de ser interpretada. Incluso, aquellos aspectos harto polémicos que, en principio, tienen como única vía de solución la manifestación de la voluntad soberana; no obstante, la jurisdicción constitucional en cuanto su guardián tiene la última palabra.

Corresponde evaluar, sucintamente, cada una de esas interpretaciones. Si uno asume la primera, no tenemos mucho que objetar. En efecto, es perfectamente viable que el Constituyente establezca reglas -v.gr., sobre la competencia- y que los tribunales constitucionales se limiten a aplicarlas. Esta es la posición a la que habría que adjudicar las palabras que Hércules menciona al referirse a quienes se oponen a la justicia constitucional ya que lo que pretenden es “disimular el deseo de poder político y un deseo de no dejarse limitar". Así que, de vuelta, si la limitación estará determinada por reglas -como presupone la teoría kelseniana- pues no habría mucho que discutir. La compartimos.

Pero si uno asume la segunda, no queda más que asumir una teoría como la de Ronald Dworkin -o afines-, las cuales no son compatibles con la tesis que el Dr. Hércules inicialmente nos propone, según la cual debe distinguirse lo político y lo jurídico en la medida en que lo primero se supedite a lo segundo. No son compatibles porque esta última teoría no solo presupone la existencia de normas como reglas; sino, la de normas como principios. Principios que, en un número muy importante de casos, su determinación y su alcance no puede establecerse ni por métodos empíricos, ni por intuiciones ideales, ni por ningún otro método más que por medio de la discusión racional entre ciudadanos. En otros términos, cuando se asume esta teoría, diciéndolo en palabras de Fernando Atria, la posición del tribunal constitucional se vuelve partisana, pues en esa contienda de controvertidas visiones políticas el tribunal toma una posición política; y, por tanto, toda imparcialidad y objetividad que se le pide al órgano que asume la jurisdicción constitucional, simple y llanamente se pierden en el limbo de nuestras aspiraciones institucionales. Así entonces, ocurre lo que Hércules menos quería: estamos en las puertas de la imposibilidad total de la distinción entre derecho y política.

Al inicio del texto, introduje una aclaración que parecía cándida: la idea de que cuando discutimos estos temas, lo hacemos como unos ciudadanos más. Bueno, esta segunda interpretación no admite esto, pues los jueces constitucionales tendrían una posición privilegiada; y esto es así, ya que ellos estarían determinando el alcance de esos principios, convirtiéndose en jueces definitivos de lo político en sede, pretensiosamente, jurídica. Y lo hacen en nombre, ya sea de actuales no-positivismos, neoconstitucionalismos; o, por qué no decirlos, de iusnaturalismos de vieja usanza. Cabe aclarar que estamos lejos de aceptar esta tesis, tan lejos como de admitir en sede gnoseológico la otrora tesis agustiana del lumen rationis aeternae

¿Cuál de estas interpretaciones debemos adjudicar al Dr. Denis Hércules? Creemos que lo mejor sería que él aclarara su posición. Sin embargo, podemos adelantar lo siguiente: si asume la primera, concedemos. O, dicho de otra manera: para discrepar de ella tendríamos que adentrarnos en el marco de filosofía política. Pero, si asume la segunda -de corte neoconstitucionalista- quizás sería interesante conocer cómo el Dr. Hércules resuelve los escollos que hemos propuesto. Por lo demás, no quisiéramos cerrar este trabajo sin antes reiterar nuestra más sincera admiración por haber asumido el liderazgo de la discusión de un tema tan trascendental, aplicada a nuestra realidad nacional.

Sebastián Chavarría.

Una aproximación a la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico hondureño

Sat, 04 Sep 2021 16:55:00 GMT

En esta oportunidad, vamos a exponer una breve introducción a la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico hondureño. Para ello, utilizaremos el siguiente método: primero, brindaremos una definición de jurisprudencia y estudiaremos cómo esta definición puede ser aplicada en un ordenamiento. Luego, veremos cómo se encuentra efectivamente regulada en nuestro sistema jurídico; y, finalmente, nos pronunciaremos sobre la relación que existe entre la jurisprudencia y la independencia judicial.

A lo primero que tenemos que referirnos al momento de abordar un estudio sobre la jurisprudencia, es lo atinente a su definición; y, verificar si se la puede aplicar a todas las ramas del derecho por igual. Jurisprudencia puede significar dos cosas, principalmente. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico , el término jurisprudencia puede referirse a lo que también se le denomina “dogmática jurídica”. Por otra parte, la jurisprudencia también debe ser entendida como “el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales” , según la define Eduardo García Máynez en su clásica obra Introducción al Estudio del Derecho. Nos interesa la segunda definición. Esta definición, así planteada, no nos dice nada acerca de qué resoluciones cuentan como dichos criterios. Para el caso, podemos plantear interrogantes como las siguientes: ¿solo respecto de las sentencias es que se pueden extraer criterios de los jueces?; o, ¿también de alguna otra resolución judicial?; si solo se pueden extraer criterios respecto de las sentencias, ¿cuántas y de qué órgano emana la obligatoriedad?, etc. La definición solo nos dice que se trata de los criterios de los tribunales. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a pensar cómo funcionaría la jurisprudencia en un cierto sistema jurídico. Y, dicho sea de paso, esta complejidad es la que ha hecho aparecer a la jurisprudencia como un verdadero desafío en la teoría general del derecho.

Cuando asumimos la definición de jurisprudencia en cuanto que el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, encontramos que esta puede aplicarse a todas las ramas del derecho. El problema es que, por ser una definición demasiado amplia, de ella no podemos inferir que todas las ramas funcionan igual en cuanto a su regulación. En este sentido, hay que comenzar diciendo que cada materia y cada ordenamiento debe regular la jurisprudencia en cuanto a qué criterios son vinculantes. Por esa razón, vamos a revisar -a nivel legal- qué se establece de la jurisprudencia.

En materia civil encontramos lo referente a la jurisprudencia en los artículos 716 y, 723.b del Código Procesal Civil (=def. CPC). A la pregunta si las decisiones de los tribunales son vinculantes, es importante ver lo que establece el art. 716 del CPC, según el cual:

“ FINES DE LA CASACIÓN.

1. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional.

2. Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas.

Una disposición semejante la encontramos en el Código del Trabajo (=def. CT) en el artículo 764. Este artículo también es de suma relevancia para entender el problema que estamos abordando, porque liga a la casación en cuanto que el fin de esta no es otro que lograr la unificación de la jurisprudencia. Transcribimos literalmente:

Artículo 764

Con el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, habrá lugar al recurso de casación. […]

Vistos estos dos artículos de dos materias distintas podemos observar que hay una referencia directa a la jurisprudencia y por tanto está justificado plantearnos el alcance de su obligatoriedad. Ahora bien, a la pregunta, ¿cuántas sentencias se requieren para afirmar que un criterio es vinculante?, tanto el CPC como el CT no dicen nada al respecto; ambas se limitan a ordenar que la casación tiene como objetivo unificar la jurisprudencia nacional. Nada más. Pero, sigue siendo importante lo que en ellas se establece, pues de esas disposiciones debe entenderse que se trata de una figura que tiene un fin bien específico en dichas materias.

La cuestión funciona de manera distinta tanto con el Código Procesal Penal (=def. CPP) como la Ley sobre Justicia Constitucional (=def. LSJC). Vamos a referirnos a ellas para ilustrar nuestro punto.

En general, en el CPP se hace referencia tanto a la jurisprudencia como a la doctrina legal (Cf. Arts. 19, 338, 360, 369 del CPP). Para efectos de este trabajo, transcribimos el artículo 360 del CPP.

Casación por infracción de ley o de doctrina legal. Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto. Los errores cometidos en la cita de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida, que no hayan influido en su parte dispositiva, no darán lugar a la casación.

Lo relativo a las precisiones sobre la jurisprudencia en materia constitucional se regula en el artículo 73 de la LSJC en lo concerniente al amparo por medio de la institución de la doctrina legal. Lo que ahí se establece es que “[T]res sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal […]”. Es importante hacer ver que lo que ordena este artículo debe ser entendido desde el punto de vista de lo que implica la institucionalidad del amparo. El amparo es una garantía que si bien sus efectos son inter partes ; no obstante, si se dan las condiciones de las tres sentencias a las que hace referencia el artículo 73 de la LSJC, entonces la interpretación que se haga de la norma constitucional en esas tres sentencias tendrá efectos erga omnes; siempre y cuando, la Sala de lo Constitucional no se separe de su propia doctrina. De ser el caso, tendrá que razonar su innovación. Por lo tanto, el alcance que tienen esas tres sentencias es de carácter vinculante, como si se tratase de una ley. Con esto queda probado lo que dijimos al inicio: cada una de las materias establece sus especificidades jurisprudenciales.

Como se puede observar, en el ordenamiento jurídico hondureño hay una determinación del alcance de la jurisprudencia. En este sentido, puede surgir una duda, ¿esta regulación no pone en detrimento el principio de la independencia judicial? Un argumento que podría esgrimirse en favor de esta tesis, se puede plantear del siguiente modo: si admitimos la tesis según la cual la jurisprudencia tiene un grado de obligatoriedad entonces tendríamos que afirmar que el órgano jurisdiccional de última instancia -o todo aquel que tenga atribuciones para determinarla- se impone sobre los demás órganos jurisdiccionales. Y esto contraría el principio de independencia judicial que establece el artículo 303 Constitucional. Dicho artículo establece lo siguiente: La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes […].

Esta línea argumentativa tiene puntos en su favor. Sin embargo, es importante matizarla. Ese matiz estriba en aceptar que los tribunales de máxima jerarquía no pueden imponerlo, sino que sus decisiones serán vinculantes para terceros en la medida en que sean las propias leyes que determinen cuándo lo sean. Fuera de ese caso, prevalece la independencia judicial. Y es comprensible que esto sea así, pues, siendo la independencia judicial un principio, únicamente se lo aplicará en la medida de lo posible. Y, esa medida es impuesta la mayor de las veces en la ley. Por lo tanto, entonces, no hay necesariamente conflicto entre el hecho de que la ley establezca el alcance de la jurisprudencia con respecto a los contenidos del principio de independencia judicial.

En consecuencia, la definición que tenemos de jurisprudencia en cuanto que el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales es una definición genérica que puede aplicarse para todas las ramas del derecho. Pero, para tener conocimiento de las especificidades y de los requerimientos necesarios para saber qué criterio es vinculante, se debe atender a la normativa que cada materia establece, que, en el caso del ordenamiento hondureño, se encuentra establecido en los artículos supra invocados.

La oralidad no lo es todo

Thu, 08 Jul 2021 17:02:00 GMT

Por: Sebastián Chavarría L

Existe una tendencia a considerar que los principios y muchas de las instituciones del proceso Civil deben ser incorporados, en la medida de lo posible, en todos los procesos judiciales. Esto se justifica en virtud de que estos son armónicos con valores constitucionales. ¿Pero qué criterios utilizar para decidir la cuestión? En esta entrega, vamos a reflexionar sobre el particular teniendo como punto de partida el principio de oralidad.

La oralidad es, dentro de uno de los sentidos del término, un principio. Unas veces considerado en sí mismo (Cf. Código Procesal Civil art. 15), otras como derivado del principio de contradicción (Cf. Art. 4 del Código Procesal Penal). La Constitución de la República no hace referencia explícita a la oralidad en cuanto que formalidad, derecho o garantía. No obstante, en la medida en que el debido proceso y el principio de legalidad, si bien implican una serie de principios y garantías ya explícitas; no obstante, esta no es una lista cerrada y, por tanto, la oralidad podría derivarse del debido proceso y/o del principio de legalidad. Más allá de las precisiones que sobre la oralidad puede plantear cada materia, es importante entender que, en su base, la oralidad aparece como un principio.

Una de las razones que se esgrime en favor de la oralidad, consiste en pensar que asegura el Estado de Derecho. En virtud de esto, hay que introducirlo en los procesos judiciales en que no se lo establezca de forma explícita. Ahora bien, en este punto hay que hacer una distinción muy importante. Por una parte, una cosa es el principio de oralidad cuando ya fue incorporado en el diseño de un proceso y que por tanto tiene reglas que la regulan; y, otra, es cuando este principio se lo quiere incorporar en un proceso que no lo tiene previsto. El primer caso, no nos interesa ahora: si la ley ya lo establece, puede interpretarse esto como el medio por el cual se logran los fines que se buscan con la oralidad: publicidad, contradicción y control crítico de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. El problema está en el segundo caso: cuando el diseño original de un cierto proceso no parece introducirla.

Si un proceso fue diseñado previo a la oralidad ¿debe introducírselo siempre fundado en la supletoriedad del proceso Civil? Consideramos que no; o, al menos, no necesariamente. La razón para sustentar esto radica en entender qué es un principio. Recordemos, con Alexy, que los principios son mandatos de optimización. En otros términos, son mandatos que se cumplen en la medida de lo posible y que, por lo tanto, no son absolutos. Si la oralidad es un principio entonces no podemos pretender que éste se lo pueda aplicar en todo tiempo y en toda circunstancia.

Lo planteado ahora de forma abstracta, tiene una aplicación concreta. Pero antes, para entender el ejemplo que ahora estamos por exponer, resulta importante destacar que la oralidad se manifiesta en los procesos judiciales a través de las audiencias. Con esto dicho, pensemos en lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (en adelante LJCA). Relacionemos dos normas de esta ley: las contenidas en los artículos 1 y 67 de la LJCA. En la LJCA se regula, entre otros, asuntos que se deduzcan en relación con actos de carácter general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo (art.1 LJCA). Estos asuntos son -por lo general- cuestiones de puro derecho. Luego, cabe citar el artículo 67 de la LJCA que claramente establece que “no procederá el recibimiento a prueba cuando la cuestión que se discute sea de puro derecho y cuando hubiese conformidad entre las partes acerca de los hechos” . Así entonces, si lo que se discute es una quaestio iuris , ¿qué justificación cabría para que la oralidad sea implementada? Se podría alegar que convocar a una audiencia oral -en virtud del principio de oralidad- aseguraría la conformidad entre las partes acerca de los hechos; y, con ello, cumplir con las garantías del debido proceso mediante el aseguramiento del derecho de defensa y la inmediación. Sin embargo, creemos que, una línea de argumentación de este tipo es problemática debido a sus consecuencias. Implicaría que, por favorecer la oralidad, se pondría en menoscabo otros derechos. Para el caso, la economía procesal: abrir una audiencia extra por mor de asegurar la oralidad, implicaría un retraso injustificable, que derivaría en aumentar los costos, tiempo y esfuerzos que son completamente prescindibles.

En síntesis, con lo planteado acá brevemente hay que aceptar dos premisas: que ningún principio es absoluto; y que, por lo tanto, tampoco lo es la oralidad. Es deber del órgano jurisdiccional discernir si realmente es pertinente incorporar la oralidad cuando no es explicitada o mandada por la ley. Y, que, como criterio para discernirlo, reiteramos lo que afirmamos al inicio de estas reflexiones: si bien la oralidad tiene su importancia (en cuanto que principio), no obstante, no lo es todo y debe ser considerado en el marco de los demás derechos y principios.

¿Estamos obligados a amar?

Wed, 23 Jun 2021 06:00:00 GMT

Por: Sebastián Chavarría L.

Casi todo el mundo tiene algo para decir sobre el tema del amor. Cuando de esto se trata, hay muchas y de las más diversas respuestas: desde las que provee la psicología, la autoayuda, la religión. Hoy, hasta la política tiene algo para proponer: desde ahí se ha insistido en que debemos tener criterios para distinguir el amor del abuso y con base en estos criterios, instalar políticas públicas. En fin, sobre el particular, se ha hecho correr mucha -pero muchísima- tinta. ¡Ojalá siga siendo así! En este contexto, nos vamos a preguntar -solo de forma exploratoria- si acaso alguien que sabe derecho nos puede decir algo al respecto, toda vez que los estudiantes de derecho y los abogados se entrenan -justamente- en discernir cuándo tenemos obligaciones.

De esa manera, deberíamos estar en la capacidad de dar algunas luces sobre si, en el ámbito del amor, hay obligaciones. Insisto: solo podrían darnos unas luces, pues la cuestión se ha discutido durante siglos y la discusión aún no ha sido cerrada. Así que no podemos pretender cerrarla ahora.

Un problema sobre el que podemos tratar, es sobre si existe una obligación de amar (lo que podría tener como correlato, que tengamos el derecho de exigir de que se nos ame). Repasemos qué dicen las ciencias jurídicas sobre el tema de las obligaciones y veamos si lo podemos aplicar para responder la pregunta del título.

Hay tres niveles de análisis sobre los cuales podemos discernir la cuestión. El primer nivel sería el puramente dogmático. Es decir, inquirir sobre el particular a partir de lo propuesto desde la teoría de las obligaciones en general. El segundo nivel es el que nos brinda la teoría general del derecho, respecto de la parte atinente a los derechos subjetivos, la cual no necesariamente es coincidente (aunque podría coincidir) con la del nivel dogmático. Esto es así, pues, en la medida en que se afirme que hay obligaciones jurídicas más allá de las reconocidas por la autoridad (como proponen las teorías fundadas.

En la justicia), entonces el análisis tendría que extenderse hasta delimitar criterios con los cuales podamos reconocer obligaciones jurídicas sin acudir a la ley y los contratos. Y, en el tercer nivel, tendríamos el filosófico, que profundiza en torno a la discusión sobre el amor, la justicia y su relación con el derecho. Por ahora, para efectos de este artículo, solo vamos a explorar el primer nivel.

Si te interesa que desarrollemos los demás, escríbanos a info@bufeteumanzor.com y seguiremos abordando la cuestión. Habiendo dicho esto, procedamos.

A los estudiantes de derecho civil, en su curso de obligaciones, se les enseña que tradicionalmente hay cinco fuentes de las obligaciones. Esas cinco fuentes, según algunos autores, se resume en dos: la ley y los contratos. Con base en estos criterios, habría dos maneras de saber si una persona está obligada jurídicamente: la primera, verificando si la ley explícitamente nos obliga; y, la segunda, advirtiendo si hay un contrato de por medio. Así entonces, volvamos a la pregunta: ¿estamos obligados a amar? Claramente no podemos invocar la primera fuente, la ley. Desde nuestro ordenamiento, puede afirmarse que el Estado no puede ordenar que nos amemos. El Estado puede -por razones de justicia y política- exigir ciertos actos concretos de prestación (como, por ejemplo, dar alimento a los hijos); pero, de esto sería impropio inferir que el Estado nos está obligando a amar. Para aclarar este punto, serviría precisar entonces qué implica el amor.

No es fácil definir el amor, sobre todo, porque hay muy diversas concepciones al respecto. Pero creemos que todas ellas cuentan, por lo menos, con los siguientes elementos: por una parte, se presupone un acto subjetivo que deviene de lo más íntimo de la persona y que mueve a la voluntad para dar -a lo amado- más allá de lo que incluso corresponde en justicia. Esto último nos permite resaltar el aspecto objetivo del amor: que ese acto que comenzó como un impulso subjetivo se materializa en ciertos efectos que son las representaciones a las que estamos acostumbrados a denominar “muestras de amor” (en esto se funda aquello de que “amor con amor se paga”).

Sobre los efectos del amor, piénsese en aquel pasaje de San Pablo en 1 Cor 13: 1-13, según el cual, “ [E]l amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo…”. Pero es importantísimo considerar el primer aspecto: el amor deviene de manera espontánea en la búsqueda de una perfección, que, en la tradición cristiana, se ha descrito como algo sobrenatural.

Hoy, en nuestra actual posmodernidad tendencialmente atea, diríamos que el amor trasciende el mero acto de individualidad subjetiva que, por lo general, se basa en la búsqueda del placer. Si entendemos el amor así: pues no, no habría forma de que ninguna entidad (incluido el Estado) pueda entrar en nuestra interioridad para arrancarlo y exigirlo. Vale la pena recordar aquella memorable escena de Bruce Almighty cuando Morgan Freeman -interpretando a Dios- le tiene que dar la lamentable noticia de que él puede hacer lo que quiera con la creación, menos obligar a alguien a amar. El mensaje es que ni Dios puede obligar a alguien a amar a otro/a; ni tampoco puede obligar a que lo amen a él.

Vayamos cerrando la idea: si por medio de la ley no se puede obligar a amar, la opción que nos queda es el ámbito contractual, el cual parece persuasivo para nuestros fines. Y es que, los elementos de los contratos parecieran sugerir que estos exigen ese acto subjetivo del que hablamos antes. En primer término, se nos podría decir, hay consentimiento entre quienes deciden amarse. En este punto, tendrían razón: el consentimiento es una manifestación de esa convicción interna a la que hacíamos referencia. También podría hablarse de causa en el amor: tanto eficiente como final. Hay una causa eficiente desde la cual podemos explicar qué movió a nuestra voluntad a amar. Y, a su vez, amar implica que nuestra voluntad es movida a un fin. Y el objeto podría hacer referencia a esos efectos que se buscan cuando uno ama. Aunque todo lo dicho hasta ahora parece decisivo, en su contra, podrían proponerse dos cuestiones: primero, hay que advertir que los elementos del contrato tienen objeto y causa cuyo fundamento es meramente patrimonial. Y, en segundo, de los contratos emana la posibilidad de la coacción, en el caso de que exista un incumplimiento. En el ámbito del amor no cabe ni uno ni lo otro. Por lo que, si bien, pareciera que los elementos de los contratos podrían aplicarse en el amor, no se trataría más que de un hecho aparente y solo de un uso metafórico de los términos.

Conclusión: al menos desde el punto de vista de la teoría de las obligaciones, nos encontramos con que el amor trasciende dichas categorías y nadie en principio puede ser obligado. Pese a esto, creemos que no ha sido superfluo pensarlo desde estas: no pocas veces usamos el lenguaje jurídico y bien podría ser importante ver cuáles son algunas de sus implicaciones. Y así, no confundir cuándo usamos ese lenguaje solo de forma poética y cuándo pretendemos usarlo más allá de la metáfora.

Hemos terminado esta primera entrega sobre el tema, esperando que nos deje tus inquietudes al respecto. Quedan muchísimas cosas por considerar. Alguno/a podría estarse preguntando: ¿realmente solo la ley y los contratos pueden obligarnos?, ¿no estará haciendo falta alguna otra fuente, desde la cual nos podamos enterar de que sí tenemos obligación de amar?, ¿realmente el amor no implica alguna relación -por mínima que sea- con la propiedad o la coacción?; o, ¿no es acaso el amor lo que mueve al mundo para que este sea un lugar mejor?, en este sentido, si no estamos obligados, ¿qué será del devenir del ser humano? Estas y muchas otras cuestiones quedan pendientes y habría que ir más allá de lo que hasta ahora hemos propuesto. No dejen de comunicarse con nosotros ya sea para plantarnos sus comentarios o expresar sus cuestionamientos.

El costo de no copiar leyes.

Mon, 07 Jun 2021 17:52:00 GMT

Por: Sebastián Chavarría L

Tenemos conciencia de que nuestras leyes son copias de leyes extranjeras. O, cuando menos, lo son en buena parte y en buena medida. Copiar leyes no es un vicio en sí mismo. Pero sí que puede serlo, sobre todo, cuando lo que regulan no es acorde con las exigencias de nuestra realidad. Sin embargo, tenemos que decir lo siguiente: no copiar leyes implica crearlas con nuestra inventiva; y esto tiene un precio del que quizás no seamos conscientes. Por lo tanto, debemos afirmar que no copiar leyes contiene importantes consecuencias. En ese sentido, quiero hacer referencia únicamente a una de ellas: la reflexión y el trabajo teórico que se necesita para que logremos crear nuestras leyes.

Pensemos primero qué es una ley. La ley, según el artículo primero del Código Civil hondureño, es “… una declaración de la voluntad soberana, que, manifestada en la forma prescrita por nuestra Constitución, manda, prohíbe o permite”. Ahora bien, esta es una definición legal que no nos dice nada acerca de la génesis de esa voluntad soberana. En otras palabras, ¿qué mueve a la voluntad soberana a mandar, permitir o prohibir? Con esto lo que queremos decir es que la manifestación de la voluntad soberana no sale de la nada.

Por eso, podemos definir en términos poco dogmáticos, que la ley es la cristalización de ciertos criterios acerca de cómo se debe proceder cuando la comunidad política exige que una situación de hecho debe ser regulada a través de un conjunto de normas que expresamente contienen las sanciones para quienes las incumplan. Y esa cristalización se da gracias a un trabajo de reflexión desde diversas disciplinas que van desde la filosofía política, la moral crítica y la filosofía del derecho. Con esto no afirmamos que las leyes se fabrican en un laboratorio.

Claramente, detrás de toda ley también hay fuerzas políticas e intereses económicos. Pero no debe perderse de vista que la relación que existe entre ambas instancias es de retroalimentación: la práctica presupone la teoría; a su vez que la teoría, en la medida en que pretenda ser útil, debe atender las necesidades de su tiempo.

Parte del precio que debemos pagar para prescindir de leyes importadas está en este punto: debemos pensar -con profundidad- en nuestro país; y, por ende, debemos pensar en los criterios y las razones por las cuales ciertas conductas serán prohibidas o permitidas y bajo qué sanciones. Así funciona en aquellos países que imponen leyes conforme a los requerimientos de sus realidades. Primero, tienen una comunidad que reflexiona en torno a sus problemas y sobre cómo moral y políticamente tendría que encauzar soluciones en una ley; a continuación, estas reflexiones quedan sintetizadas en una ciencia. Finalmente, estos insumos conceptuales justifican y motivan un movimiento político que logra dictar una ley conforme a las aspiraciones del momento histórico.

Lastimosamente, en nuestro país, hoy por hoy, hay bastante escepticismo o poco incentivo a la reflexión teórica. Algunos incluso se jactan y propugnan que lo adecuado no es incentivarla bajo la idea de que debe existir una primacía de la praxis pura. Mientras esto siga siendo así, quedará asumir contradictorios. Por un lado, aspirar a tener legislación que responda a nuestras necesidades a la vez que se desprecia toda reflexión teórica que brinde líneas sobre cómo abordarlas. En este sentido, nos atrevemos a leer el futuro: esto seguirá ocurriendo mientras se siga importando códigos y leyes sin cuestionar la filosofía de base. En ese contexto, sólo quedará quejarnos de ella y hacer caso omiso a los problemas de fondo que tiene nuestro ordenamiento jurídico.

Contáctanos ahora mismo y cuéntanos cómo podemos ayudarte hoy:

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ESTAMOS LISTOS para servirte

Tue, 20 Oct 2020 02:03:00 GMT

A través de los cambios drásticos que se han vivido en el país y el mundo recientemente, algo ha permanecido: nuestro compromiso con nuestro trabajo.

Durante la pandemia y el subsecuente tiempo de cuarentena, hemos asesorado a cientos de trabajadores y a decenas de empresas en asuntos laborales. Como parte de nuestro cumplimiento de Responsabilidad Social Empresarial, incluso hemos brindado nuestros servicios de forma gratuita en asesorías y casos específicos.

Ahora, a medida que se lleva a cabo el reinicio de labores en el Ministerio del Trabajo y en los Juzgados de forma gradual, estamos listos para brindarte la mejor representación procesal.

Con respecto a los procesos del Ministerio del Trabajo, cuenta con nuestro apoyo en:

Trámite de autorización de suspensión de contratos de trabajo, por parte del patrono.
Oposición (derecho del trabajador) a las autorizaciones de suspensión de contratos de trabajo, por parte de las y los trabajadores.
Otras reclamaciones.

Con respecto a los procesos de los Juzgados del Trabajo, cuenta con nuestro apoyo en:

- Demandas laborales.

- Contestaciones de demandas y defensa.

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¿Cuál es el camino legal en una Terminación del Contrato Individual de Trabajo?

Mon, 20 Apr 2020 18:17:00 GMT

Ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y sus efectos, la medida más dolorosa es la pérdida de puestos de trabajo y el eventual cierre de empresas. Para evitar el cierre de la unidad productiva o inclusive para llegar a cerrarla como el efecto más dañino, la legislación laboral prevé que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, como una de las pocas excepciones a la garantía constitucional al trabajador de la estabilidad en el empleo.

Para recibir más información y el asesoramiento integral de expertos, contáctenos:

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¿Es legal un Convenio de Compensación de Derechos Laborales por días no laborados?

Mon, 20 Apr 2020 18:16:00 GMT

Ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y sus efectos, se requiere de un esfuerzo conjunto entre la sociedad y el Estado, para enfrentar la crisis y mitigar sus efectos dañinos durante y después de la misma. En el ámbito laboral no puede ser menos, es decir, se requiere de esfuerzos y sacrificios mutuos de empleadores y empleados para que, mediante el diálogo y el consenso, ambas partes adopten las medidas menos dolorosas, como la alternativa al cierre de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo (lo más doloroso).

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¿Cuál es el camino legal en una Suspensión del Contrato Individual de Trabajo?

Mon, 20 Apr 2020 18:15:00 GMT

Ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y sus efectos, la suspensión de uno o más de los contratos de trabajo, es una alternativa que nuestra legislación laboral da a la empresa, a fin de evitar el cierre de la unidad productiva y reducir al mínimo la pérdida de puestos de trabajo. La suspensión no implica la terminación del contrato de trabajo ni extingue los derechos y obligaciones que emanan del mismo, en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato. Por supuesto que, esta opción implica llenar unos requisitos y seguir un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo.

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Registro Sanitario

Mon, 05 Nov 2018 15:45:00 GMT

El Registro Sanitario es el permiso de fabricación, importación, envasado o pedido de un producto de interés sanitario; que cumpla con todos los requisitos legales y técnicos

Los productos que necesitan tener el Registro Sanitario son:

Los alimentos y bebidas
Medicamentos
Cosméticos
Productos higiénicos
Sustancias peligrosas
Dispositivos y equipo de uso médico
Productos naturales
Reactivos de laboratorio y
Otros que sean considerados por la autoridad sanitaria.

Estos productos a su vez se clasifican según su riesgo:

Riesgo A, o alto riesgo
Riesgo B, o medio riesgo
Riesgo C, o bajo riesgo

El responsable de tramitar el Registro Sanitario es el propietario, a través de un profesional del derecho, en un tiempo promedio de 21 días.

Según el producto a registrar, varía el lugar donde debe hacerse. El registro de los medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal, deben hacerse exclusivamente en Tegucigalpa. Se registran en la Dirección General de Vigilancia del marco Normativo, a través del Departamento de Vigilancia del Marco Normativo Sanitario, ubicado en el edificio anexo no.1 de la Secretaría de Salud.

Los productos alimenticios pueden registrarse en Tegucigalpa, en la Secretaría de Salud, Departamento de Vigilancia del marco normativo, Dirección General de Vigilancia del marco normativo, Región Metropolitana. Además puede hacerse en las Regiones de regulación Sanitaria de San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Bárbara, Comayagua, Juticalpa y Choluteca.

Trámites

Los requisitos y costos varían según el producto a registrar, En Tegucigalpa, el trámite se realiza en la ventanilla del Departamento Regional de Control de alimentos; y en el resto del país, en las jefaturas de las Regiones Departamentales de Salud.

Documentación que se debe presentar para hacer los trámites:

Solicitud con el encabezado “Se solicita registro sanitario”, especificando la oficina a la que se dirige: en Tegucigalpa, Dirección General de Vigilancia del marco Normativo y, en los demás municipios, en la Jefatura de la Región Departamental de Salud.
Nombre y datos generales del propietario o representante legal del establecimiento.
Razón o denominación de la sociedad
Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax y correo electrónico.
Datos y clasificación del producto: nombre comercial y nombre genérico, fabricante, tipo de producto, país de origen y fabricación, y número de licencia sanitaria del establecimiento que lo fabrica.
Tipo de empaque o envase primario y secundario.
Forma o presentación comercial
Lugar y fecha de la solicitud
Firma del solicitante

Además, a la solicitud se debe adjuntar:

Dos etiquetas/ empaques primario y secundario o copia del proyecto que contenga información de acuerdo a la norma técnica de etiquetado vigente.
Muestras del producto en cantidad de acuerdo a norma técnica.
Carta poder otorgada al profesional del Derecho, autenticada.
Dos muestras del producto envasado, tal como será comercializado.
Recibo de pago otorgado por la Secretaría de Salud por derecho de trámite del registro sanitario y servicio de análisis, el cual se cancela en la ventanilla de atención al cliente del Laboratorio Oficial del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, ubicado en la Colonia Lara, Tegucigalpa M.D.C.

Cada producto tiene otros requisitos específicos que deben presentarse para obtener el Registro Sanitario. Recuerde que los Registros Sanitarios se obtienen por períodos de 5 años y luego deben renovarse 3 meses antes de que expiren. En el Bufete Umanzor le ofrecemos representación en el trámite y renovación de Registros Sanitarios.

Proceso de creación de una empresa

Thu, 18 Oct 2018 13:31:00 GMT

Una de las primeras decisiones para crear una empresa es es la elección de la forma jurídica. Los tipos de constitución más utilizados en Honduras según el Código de Comercio y Leyes Especiales: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y comerciante individual.

Trámites para constituir y operar legalmente.

Obtener la escritura pública:

El trámite para obtener la escritura pública varía dependiendo si la empresa se constituye de acuerdo a los tipos descritos en el Código de Comercio o si se basa en los tipos de las Leyes Especiales (S.S.E.)

Empresa basada en el Código del Comercio: El apoderado legal realiza los trámites y elabora la escritura de constitución.
Empresa basada en Leyes Especiales: Sector Social de la Economía (S.S.E.) empresas y organizaciones privadas formadas por trabajadores que sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para elevar el nivel de vida de sus miembros.
Empresas Asociativas Campesinas: es aquella beneficiada por la Ley de la Reforma Agraria. La personalidad jurídica de una empresa asociativa campesina es un documento legal que convierte al grupo campesino en empresa de derecho,adoptando el carácter jurídico señalado en las leyes de la República para que puedan acceder a beneficios.

Inscripción en el Registro Mercantil:

El empresario realiza el trámite en ventanilla de la Cámara de Comercio e Industria del municipio en el que esté ubicada la empresa.

Registro Tributario Nacional:

Realizado por el empresario en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Obtiene el RTN de Comerciante individual o empresa mercantil.

La empresa está legalmente constituida después de todo lo anterior, pero para comenzar operaciones, es necesario solicitar unas serie de registros, licencias, permisos y autorizaciones:

Registro en la Cámara de Comercio: obligatorio para todo comerciante
Licencia ambiental: necesario para el permiso de operación
Permiso de operación: tramitado por el empresario en la alcaldía del municipio donde operará la empresa.
Autorización de libros contables: tramitado por el empresario en la alcaldía del municipio donde operará la empresa.
Permiso de instalación de rótulos: tramitado por el empresario en la alcaldía del municipio donde operará la empresa.
Registro de marcas, patentes y derechos de autor: tramitado por el apoderado legal en el Instituto de la Propiedad.
Código de Barras: Realizado por el empresario en la Dirección del Sistema Electrónico de Comercio (DISELCO)
Licencia Sanitaria: Deben obtener Licencia Sanitaria las siguientes empresas: Droguerías, farmacias,puestos de ventas de medicamentos, establecimientos de salud (centros o clínicas médicas, consultorios, estéticas, centros de nutrición, centros odontólogos, hospitales, ambulancias: terrestres, aéreas y marítimas, y laboratorios).
Registro Sanitario: El Registro Sanitario se gestiona para que los productos de interés sanitario puedan ser fabricados, distribuidos, importados o exportados.Son productos de interés sanitario: comestibles, sustancias químicas, cosméticos,materiales de uso médico y quirúrgico, productos de higiene personal,medicamentos.

Afiliación a Instituciones

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Todas las personas o empresas jurídicas que estén legalmente constituidas y cuenten con permiso de operación, deben inscribirse en el IHSS.

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Las empresas con 5 o más empleados o tengan un capital en giro mayor de L. 20,000.00 deben afiliarse a INFOP.

Régimen de aportaciones Privadas (RAP)

Las empresas con 10 o más empleados deben afiliarse al RAP, las que tengan menos empleados pueden o no hacerlo.

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Solicitar la inscripción cuando se va a contratar algún trabajador.

Todo lo que necesita saber sobre la Licencia Operativa Ambiental

Mon, 13 Aug 2018 18:30:00 GMT

Licencia operativa

Es la autorización ambiental emitida por MI AMBIENTE, la cual permite que un proyecto, obra o actividad comience su operación, a partir de la presentación de todos los requisitos técnicos y legales mínimos exigidos la Ley, y la cual queda sin valor una vez obtenida la Licencia Ambiental de Funcionamiento.

Licencia de funcionamiento

Es la autorización ambiental extendida por MI AMBIENTE la cual permite que un proyecto, obra o actividad continúe su operación, una vez que se constate el cumplimiento del contrato de medidas de control ambiental suscrito al momento de emitir la licencia operativa, y la misma tiene una vigencia de 5 años.

REQUISITOS:

1. Reporte oficial del Sistema de Licenciamiento Ambiental.

2. Reporte oficial del Sistema de las Medidas de Control Ambiental.

3. Informe del PSA (Prestador de Servicios Ambientales).

4. Constitución de la sociedad mercantil, de comerciante individual o personalidad jurídica (en caso de sociedad mercantil extranjera, los documentos deberán estar debidamente apostillados conforme a Ley)

5. RTN de la empresa.

6. Título de la propiedad debidamente timbrado y registrado / Contrato de arrendamiento o cualquier otro título traslaticio de dominio, del lugar a desarrollar el proyecto.

7. Recibo de Pago de Ingresos Corrientes T.G.R-1 rubro 12209 “Otras Licencias” (en concepto de la tasa de licenciamiento ambiental que se calculará en base al monto de inversión)

8. Recibo de pago para inspección de DECA por L.7,000.00 en cuenta de cheques en BANADESA a nombre de Fondo Rotatorio DECA No. 02-001-000131-0.

9. Garantía Bancaria que se calculará según el monto de inversión.

Pasos a seguir.

1. Ingresar a la plataforma http://miambiente.prohonduras.hn , crear usuario y obtener clave de acceso.

2. Acceder a la plataforma con su clave y usuario para generar mapa. El mapa se obtiene ingresandos las coordenadas del proyecto.

3. Dar clic en el botón "licenciamiento" y llenar los datos de la sociedad mercantil, su representante legal, el apoderado o apoderada y del proyecto.

4. Solicitar el Prestador de Servicio Ambiental (PSA), seleccionándolo del menú desplegable que contiene todos los PSA registrados y autorizados para estos trabajos.

5. Llenar los datos del representante legal de la empresa y esperar el procesamiento de datos necesarios para generar el reporte del sistema.

6. Dar clic en el botón "reporte de licenciamiento", para descargar el Reporte Oficial del Sistema de Licenciamiento Ambiental.

7. Dar clic en el botón "medidas control ambiental" para descargar el Reporte Oficial del Sistema de las Medidas de Control Ambiental.

8.Entregar al PSA los reportes emitidos por el sistema, enunciados en los pasos 6 y 7 , para su respectiva verificación. El PSA tendrá que trasladarse al sitio de desarrollo del proyecto para revisar los datos del reporte oficial del sistema de licenciamiento ambiental y emitir su opinión sobre las medidas de control entregadas, para lo cual elaborará un informe de verificación de reporte y medidas.

9. Acceder a la plataforma con su clave y usuario, dar click en el botón "integrar expediente" para conformar su expediente digital. Para poder realizar este paso deberá escanear todos los documentos solicitados y guardarlos en formato PDF.

10. Hacer dos copias del expediente en papel, uno para MiAmbiente, el otro para el inversionista. Autenticar y/o Apostillar.

11. La (El) apoderada (o) legal de la sociedad mercantil, deberá entregar el expediente físico en las oficinas de la Secretaría General de MiAmbiente, donde le entregarán su comprobante de recibido. Sí la solicitud fue aprobada por el sistema el receptor de ventanilla le pedirá que regrese en 24 o 48 horas para entregarle su contrato con las medidas de control ambiental y su licencia operativa. El Contrato será firmado por el Representante Legal de la sociedad, quien deberá comparecer a MIAMBIENTE.

Sí el sistema otorgó el estado de consulta a la solicitud el receptor de ventanilla le informará que la solicitud será revisada por el comité de licenciamiento quien tendrá la autoridad y discrecionalidad de revisar el expediente, de hacer una visita al sitio o de exigir cualquier otro documento al interesado, que permita tener un criterio más profundo sobre las razones que el sistema de licenciamiento tuvo para enviar la solicitud a consulta. Sí el comité resuelve favorablemente, emitirá un dictamen que permitirá al sistema emitir la licencia operativa y el contrato con las medidas de control ambiental respectivo. De lo contrario se informará al interesado que su solicitud ha sido denegado y se le entregará su expediente completo.

¿ES LEGAL EN HONDURAS LA CONTRATACIÓN EN DÓLARES?

Fri, 18 May 2018 20:23:00 GMT

La libertad de contratación es un derecho consagrado en el artículo 331 de la Constitución de la República, precepto que está desarrollado en el artículo 1547 del Código Civil, que literalmente dice: “ Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público ”.

Si bien la Ley Monetaria, contenida en el Decreto número 51-1950, establece en su artículo 1 que “ La unidad monetaria de Honduras es el Lempira, cuyo símbolo es L […]”, y en su artículo 3 que “ Las obligaciones de pagar en dinero, de cualquier clase o naturaleza que fuere que deban ser ejecutadas en Honduras, se liquidarán y cumplirán en Lempiras ”; se debe entender incluidos estos requisitos (el lempira como moneda de curso legal y para el cumplimiento de la obligación) en todas las contrataciones en dólares, siempre que especifique que la obligación puede ser cumplida en la cantidad equivalente en lempiras al tipo de cambio establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), en la fecha de pago de la obligación. En la práctica, la mayoría de los contratos en dólares establecen esta fórmula, por lo que la contratación en dólares opera principalmente como un factor de indexación para mantener el poder adquisitivo del lempira.

En materia mercantil, las reglas están dadas en el artículo 709 del Código de Comercio, que literalmente dice: “Las deudas pecuniarias se cumplirán con moneda de curso legal en Honduras al tiempo del pago, y por su valor nominal. Si la deuda se estipuló en moneda que posteriormente dejó de tener curso legal, se pagará con moneda que lo tenga, hecha la conversión correspondiente. Las deudas en moneda extranjera se pagarán por su equivalente en moneda nacional, salvo que se hubiere insertado la cláusula de "pago en efectivo" u otra equivalente”.

Esta disposición es congruente con lo dispuesto por la Ley Monetaria, en las disposiciones antes descritas y comentadas (artículos 1 y 3), en el sentido de que el cumplimiento de las obligaciones dinerarias se debe hacer en lempiras que es la moneda de curso legal en el país. Por otra parte, dicho artículo permite la contratación en dólares al establecer que “

L as deudas en moneda extranjera se pagarán por su equivalente en moneda nacional

”, y como puede observarse, mantiene el mismo requisito de la Ley Monetaria que consiste en que se debe pagar su equivalente en moneda nacional.

En conclusión, y de manera general, todo contrato celebrado en dólares, que le dé la opción al deudor de cumplir con la obligación en lempiras, se ajusta a lo dispuesto por la Ley Monetaria, Código de Comercio (para la materia mercantil) y se enmarca en el principio de la autonomía de la voluntad, y por lo tanto, reviste de toda legalidad.

Diferente ocurre en la intermediación financiera, ya que el artículo 4 inciso h) de la Ley Monetaria excluye del ámbito del artículo 3, las deudas contraídas y documentadas en moneda extranjera por medio del sistema financiero autorizado y las bolsas de valores, y por su parte, la Ley del Sistema Financiero -que regula la intermediación financiera- permite que se pueda contratar en dólares (artículos 46, 58 y 60 de la Ley del Sistema Financiero), por lo que en éste ámbito, está fuera de toda duda que la contratación en dólares está apegada a derecho.

Principio constitucional de irretroactividad como garantía de seguridad jurídica.

Fri, 18 May 2018 20:15:00 GMT

El principio de irretroactividad de la ley existente en la Constitución Política de la mayoría de los países que se rigen bajo la figura del Estado Constitucional de Derecho, tiene como finalidad darle certidumbre jurídica a los actos y contratos celebrados al amparo de la ley vigente a la fecha de su celebración, y a los ciudadanos individualmente considerados, que la eventual reducción de la esfera de sus derechos se hará respetando dicho principio. Esta finalidad y justificación de tal principio, integra la llamada seguridad jurídica.

Este principio está consagrado en la Constitución de la República en su artículo 96, en los términos siguientes: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.

La norma constitucional precitada no hace distinción en cuanto a si la interdicción de retroactividad es para el legislador o para el aplicador de la ley, sea una autoridad administrativa o judicial; y al no hacer distinción, debe interpretarse que la prohibición de irretroactividad es para el legislador y para el administrador de la ley. Asimismo, la ley prevé los remedios según el ámbito en donde se dé la violación del principio, si es a nivel de la ley, procede el recurso de inconstitucionalidad, y si es en el ámbito de su aplicación, corresponde a los que tienen anexa jurisdicción, abstenerse de aplicar de forma retroactiva la ley en la emisión de sus resoluciones; y en todo caso, cabe contra estas los recursos administrativos que serían sustentados en el principio de irretroactividad de la ley.

Es de destacar que la excepción al principio de irretroactividad de la ley, es solamente en materia penal, lo cual significa que es absolutamente prohibida la aplicación retroactiva de cualquier otra ley.

Este principio es de conocimiento y entendimiento general, pero el problema está en determinar cuándo la ley viola el principio de irretroactividad y cuando no. Para dar respuesta a esta pregunta, de significativa complejidad, los juristas más destacados han recurrido desarrollando diferentes doctrinas o tesis.